TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 20/04/2021 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UNIVERSAL ISSUES 
UNIVERSAL ISSUES / El modelo de Timor Oriental ofrece una salida para el Sahara Occidental y Marruecos
Date of publication at Tlaxcala: 07/04/2021
Original: The East Timor model offers a way out for Western Sahara and Morocco
Translations available: Français 

Argumentación
El modelo de Timor Oriental ofrece una salida para el Sahara Occidental y Marruecos

Stephen Zunes

Translated by  S. Seguí

 

El destino del Sahara Occidental está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU.

No es frecuente que el Sáhara Occidental aparezca en los titulares de la prensa internacional, pero a mediados de noviembre de 2020 apareció. El 14 de noviembre se produjo la trágica aunque poco sorprendente ruptura de un precario alto el fuego de 29 años en el Sáhara Occidental entre el gobierno de ocupación marroquí y los independentistas saharauis. El estallido de violencia es preocupante no sólo porque se ha producido tras casi tres décadas de relativo estancamiento, sino también porque la respuesta reflexiva de los gobiernos occidentales ante el resurgimiento del conflicto puede ser la de poner del revés, y por tanto obstaculizar y deslegitimar a perpetuidad, más de 75 años de principios jurídicos internacionales establecidos. Es imperativo que la comunidad mundial se dé cuenta de que, tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos, el camino a seguir consiste en adherirse al Derecho Internacional, no en invalidarlo.

El conflicto del Sáhara Occidental se remonta a 1975, cuando el territorio estaba a punto de independizarse de su colonizador, el Estado Español. Bajo la presión de Estados Unidos, que no quería que el movimiento independentista de izquierdas conocido como Frente Polisario liderara un estado independiente, Madrid concedió la autoridad administrativa sobre los dos tercios del norte del país a Marruecos y cedió el tercio sur a la vecina Mauritania. A principios de 1976, el Polisario estableció la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ha sido reconocida por 80 países y es un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Mauritania cedió su parte del Sáhara Occidental a la RASD en 1979, sólo para ver cómo Marruecos se apoderaba de ella inmediatamente. Durante más de una década, Marruecos -con el apoyo de Francia y Estados Unidos- siguió luchando contra las guerrillas del Polisario, al tiempo que reprimía violentamente las manifestaciones independentistas y otras actividades nacionalistas en el territorio ocupado del Sáhara Occidental que considera parte de Marruecos.

En 1991, el ahora difunto alto el fuego dejó en suspenso la lucha armada del Polisario, que aceptó detener sus operaciones militares a cambio de un referéndum de independencia supervisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el ejército marroquí ocupante nunca permitió que se celebrara esa votación. De hecho, los marroquíes no han dejado de colonizar el territorio, y hoy en día los colonos marroquíes superan en número a los habitantes autóctonos del Sáhara Occidental.

Además de la promesa incumplida de un referéndum, el alto el fuego de 1991 permitió a las fuerzas marroquíes permanecer al norte y al oeste de una berma de arena construida por Marruecos que abarca casi tres cuartas partes del territorio, incluidas sus principales ciudades y su riqueza mineral. La RASD, por su parte, sigue controlando las zonas restantes del territorio, escasamente pobladas, y administrando los campos de refugiados en Argelia, que albergan a cerca del 40% de la población saharaui.

Prácticamente ningún país reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La ONU, por su parte, ha ratificado que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, un veredicto repetido en una sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia. Las operaciones de mantenimiento de la paz y defensa de los derechos humanos que lleva a cabo la ONU en el Sáhara Occidental han sido drásticamente restringidas por Rabat y sus aliados clave con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los enfrentamientos de noviembre se remontan a una escaramuza, en 2016, cuando Marruecos violó el acuerdo de alto el fuego de 1991 al trasladar sus fuerzas a una zona tampón de cinco kilómetros entre el territorio controlado por Marruecos y el paso fronterizo de El Guergarat, en Mauritania, con el fin de completar una carretera que conecta la zona ocupada por Marruecos del Sáhara Occidental con la mayor parte de África Occidental.

A partir del 21 de octubre de 2020, decenas de civiles saharauis iniciaron una sentada no violenta para bloquear la carretera, que fue dispersada violentamente por las tropas marroquíes dos semanas después. Para el Polisario -que ha amenazado repetidamente con derogar el alto el fuego a lo largo de los años tras varias violaciones marroquíes- este asalto fue la gota que colmó el vaso. El grupo anunció su retirada del acuerdo de alto el fuego y ha reanudado los ataques contra las fuerzas marroquíes a lo largo de la berma de arena de casi 3.000 km que separa las zonas controladas por Marruecos y el Polisario en el Sáhara Occidental.

Al parecer, las fuerzas armadas marroquíes no estaban preparadas para los ataques coordinados del Polisario, que, según se informa, han causado varias víctimas marroquíes. El gobierno marroquí se ha mostrado sorprendentemente silencioso en respuesta a los recientes acontecimientos, e incluso ha amenazado a las familias de los soldados para que no denuncien las bajas.

El Polisario estima que el hecho de que Marruecos no haya cumplido su parte del acuerdo, sobre todo al no permitir un referéndum justo, les libera de respetar su parte del trato. Tras 29 años de estancamiento en la autodeterminación, la paciencia en el Sáhara Occidental se ha agotado. Esta vez, el Polisario insiste en que la reanudación de los enfrentamientos no funcionará simplemente como represalia a cada nueva provocación marroquí. Por el contrario, afirman que el último incumplimiento de Marruecos provocó el regreso a una guerra que continuará hasta que su país sea liberado.

Sin embargo, es dudoso que una nueva guerra logre otorgar a los saharauis sus derechos. Por un lado, la berma de arena con la que Marruecos consolida su dominio sobre la mayor parte del territorio está fortificada y, aunque es vulnerable a los bombardeos y los ataques por sorpresa, sería difícil de penetrar durante un periodo prolongado. Estos controles externos se ven empequeñecidos por las tácticas de Marruecos en el Sáhara Occidental. En el pasado, incluso la resistencia saharaui no violenta –protestas pacíficas, sentadas, ocupaciones, huelgas y boicots– se ha enfrentado a una severa represión. En el Sáhara Occidental, las oportunidades para desarrollar una disidencia y menos aún una actividad guerrillera sostenida, son por tanto limitadas. Según Freedom House, el Sáhara Occidental es una de las doce naciones menos libres del mundo, con una ausencia de derechos equiparable al Tíbet, Uzbekistán, Corea del Norte y Arabia Saudí.

Tal vez el Polisario espera que la reanudación de la lucha armada tras 29 años de relativa tranquilidad empuje a los gobiernos occidentales a presionar finalmente a Marruecos para que se comprometa. Desgraciadamente, la tendencia en Washington, París y otras capitales occidentales ha sido considerar como terrorismo cualquier resistencia armada contra un gobierno árabe aliado. Marruecos ha explotado esta toma de posición, lanzando afirmaciones contradictorias sobre unos supuestos vínculos del Polisario con rivales como el Estado Islámico, Al Qaeda y Hezbolá, sin tener en cuenta que el Polisario, secular y moderadamente izquierdista, no tiene nada que ver con organizaciones islamistas extremistas. En este perverso sentido, pues, la reanudación de la actividad guerrillera del Polisario podría en realidad aumentar el apoyo extranjero a Marruecos.

Pero reforzar a Rabat sería contraproducente y erróneo. Aunque la guerra no es la respuesta, tampoco lo es la continuación de la ocupación del Sáhara Occidental. La incapacidad de la comunidad internacional para obligar a Marruecos a cumplir con sus obligaciones legales internacionales es lo que ha llevado a la crisis del Sáhara Occidental, en primer lugar. Como en el caso de la ocupación israelí de Palestina y en el caso de la ocupación indonesia de Timor Oriental, que duró 24 años, tener amigos en el Consejo de Seguridad de la ONU ha permitido a Marruecos hacer caso omiso de las normas jurídicas internacionales.

Para Francia, la antigua potencia colonial de Marruecos junto con España, el mantenimiento de sus estrechos vínculos políticos, estratégicos y económicos con la monarquía marroquí ha prevalecido sobre cualquier preocupación relativa al derecho internacional. Del mismo modo, Estados Unidos, que considera a Marruecos un importante aliado regional, primero durante la Guerra Fría y ahora en la lucha contra los extremistas islámicos, ha estado igualmente dispuesto a pasar por alto tales imperativos legales y morales. El Polisario, por su parte, ha contado principalmente con el apoyo de países de África, América Latina y el Sudeste Asiático, que reconocen el conflicto del Sáhara Occidental como un caso de  descolonización incompleta. El principal de estos aliados es la vecina Argelia, tradicionalmente el principal apoyo del Polisario. Cualquier conflicto que surja en el Sáhara Occidental no sería simplemente una guerra por delegación. Los llamamientos a la reanudación de la guerra han ido en aumento tanto entre los saharauis bajo ocupación marroquí como entre los refugiados en Argelia, que llevan más de 45 años esperando el regreso a su patria.

Pero es un mal momento para Argelia, reticente a verse arrastrado a un conflicto con su vecino respaldado por Occidente, al menos por ahora. El régimen semiautocrático y cada vez más impopular de Argel se ha centrado principalmente en consolidar el control frente a las protestas masivas internas y en apuntalar la economía nacional durante la pandemia de COVID-19, que ha provocado un hundimiento de los precios del petróleo. En consecuencia, es probable que Argelia coopere en los intentos de poner fin a los combates entre Marruecos y el Polisario, siempre y cuando haya al menos alguna esperanza de que Marruecos acepte, por la vía diplomática, el derecho de los saharauis a su autodeterminación.

Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo diplomático mutuamente satisfactorio son escasas. Durante años, la amenaza de veto de Francia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU han obstaculizado los intentos de incluir la cuestión del Sáhara Occidental en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, lo que daría a la comunidad internacional el poder de imponer sanciones u otras medidas de presión a Marruecos para obligar al país a atenerse a los mandatos de la ONU que hasta ahora ha ignorado.

En cambio, Estados Unidos y Francia han respaldado un plan marroquí de “autonomía” para el Sáhara Occidental que tiene un alcance bastante limitado y que no cumpliría las normas internacionales de autonomía. No permite a los saharauis la opción de la independencia, a la que tienen derecho como territorio no autónomo reconocido por la ONU según el derecho internacional, una serie de resoluciones de la ONU y una sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia. Si el plan fuera impuesto por el Consejo de Seguridad, como defienden Washington y París, constituiría la primera vez desde la firma de la Carta de la ONU que la comunidad internacional reconoce una descolonización incompleta y la expansión del territorio de un país por la fuerza, lo que constituye un hito poco halagüeño para todo el mundo.

Un apoyo similar de Occidente a Indonesia impidió durante muchos años la independencia de Timor Oriental. La invasión de la antigua colonia portuguesa por Indonesia en 1975 tuvo lugar sólo seis semanas después de la toma del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Al igual que el Sáhara Occidental, la ocupación se consideró particularmente indignante, ya que supuso la invasión y la anexión brutal de todo un país, el tipo de agresión que provocó la Guerra del Golfo de 1991, sancionada por la ONU, en respuesta a la toma de Kuwait por parte de Irak. Sin embargo, la medida de Indonesia no fue acompañada de una resolución o una advertencia firme del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este flagrante doble rasero llevó a organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos y una amplia gama de activistas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia a presionar con éxito a sus gobiernos para que pusieran fin a su apoyo a la ocupación. Como resultado, el gobierno indonesio estuvo finalmente dispuesto a convocar un referéndum sobre la independencia. En el año 2000, los habitantes de Timor Oriental votaron a favor de la autodeterminación y el país es ahora independiente. Puede que hagan falta campañas populares similares en Europa y Norteamérica para que las potencias occidentales cumplan sus obligaciones legales internacionales y presionen a Marruecos para que permita al pueblo del Sáhara Occidental el derecho a determinar su propio destino.

Existe un pequeño pero creciente movimiento en Europa que apoya el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación nacional, así como algunas iniciativas similares de la sociedad civil en muchos países africanos, Australia, Japón y Estados Unidos. La creciente atención a la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental está proporcionando a los defensores del derecho internacional y de los derechos humanos un medio de desafiar a los gobiernos y a las empresas que se aprovechan ilegalmente de la ocupación, dirigiéndose a ellos mediante campañas que abogan por el boicot, la desinversión y las sanciones.

Sin embargo, en este momento, estos movimientos son demasiado pequeños para tener un impacto significativo en las políticas gubernamentales, especialmente las de Francia y Estados Unidos, que son los dos gobiernos más responsables del fracaso de las Naciones Unidas a la hora de hacer cumplir sus resoluciones sobre el conflicto. Sin embargo, esto puede cambiar. Hace veinticinco años, la actividad de la sociedad civil en los países desarrollados en relación con Timor Oriental era relativamente escasa, pero el espectacular crecimiento de este activismo a finales de la década de los noventa -que se produjo a raíz de los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas indonesias, ampliamente difundidos- desempeñó un importante papel en la consecución de la independencia de Timor Oriental.

Una campaña similar puede ser la mejor esperanza para el pueblo del Sáhara Occidental y los principios jurídicos internacionales de vital importancia consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y la entrada en funciones del gobierno Biden permite también esperar ahora una apertura.

En las contradictorias señales emitidas por los gobiernos de Trump y Obama, el ex embajador de EE.UU. en Marruecos Edward M. Gabriel estima que el gobierno de Biden volverá a las “relaciones constructivas” que Marruecos disfrutó bajo Bush y Clinton, lo que equivale a un respaldo eufemístico a la ocupación marroquí. El propio presidente Biden, ha indicado que se considera neutral respecto al Sáhara Occidental. Sin embargo, la neutralidad es una posición inapropiada en una disputa entre el pueblo de un territorio no autónomo que exige su derecho a la autodeterminación y una potencia ocupante que le niega ese derecho. Mientras tanto, el Congreso ha apoyado activamente la conquista marroquí insistiendo en que la ayuda exterior estadounidense a Marruecos “se destine a la asistencia para el Sáhara Occidental”, como una forma de socavar los esfuerzos del Departamento de Estado para distinguir entre Marruecos y su territorio ocupado.

A pesar de este historial, el gobierno de Biden podría ser receptivo ante las presiones. Para garantizar que no se infringe el derecho internacional, Washington debe primero maniobrar en el Consejo de Seguridad de la ONU y proporcionar un mandato de derechos humanos como los de otras operaciones de mantenimiento de la paz para investigar e informar sobre los abusos de los derechos humanos tanto en las zonas ocupadas por Marruecos como en los campos de refugiados gestionados por el Polisario. A medio plazo, Estados Unidos debería detener la ayuda militar, la venta de armas y cualquier otro tipo de cooperación militar con Marruecos, prohibir la importación de cualquier recurso natural extraído ilegalmente del Sáhara Occidental y trabajar con los europeos y africanos para limitar la cooperación económica que apoya la ocupación. Por último, y quizás lo más importante, Biden debería apoyar todo esfuerzo de la ONU para garantizar que el pueblo saharaui pueda participar en un referéndum supervisado internacionalmente sobre el destino del territorio, que incluya realmente la opción de la independencia y, lo que es más importante, que permita participar a los refugiados saharauis en Argelia.

Biden, que llega a la Casa Blanca con una cartera de política exterior sin parangón con las de la mayoría de sus predecesores, debería comprender el peligroso precedente que podría sentar al reconocer una descolonización incompleta. Seguir cumpliendo las órdenes de Marruecos en la ONU equivaldría a un respaldo implícito a los países que amplían su territorio por la fuerza, una bofetada en la cara de todos los que tratan de promover de forma universal el derecho a la autodeterminación. El destino del Sáhara Occidental es una cuestión poco frecuente que no se ajusta a líneas partidistas, y senadores que van desde el demócrata Patrick Leahy al republicano James Inhofe han presionado a sucesivas administraciones estadounidenses para que apoyen el derecho de los saharauis a un referéndum de independencia. Biden ha prometido trabajar con los dos grupos del Congreso, y el Sáhara Occidental puede ser la única zona en la que realmente sea factible hacerlo.

La vuelta a la guerra en el desierto del Sáhara Occidental es una tragedia. Se podría haber evitado, y se le puede poner fin, si Estados Unidos y Francia cumplen con sus obligaciones que establece la Carta de las Naciones Unidas e insisten en que su aliado Marruecos se atenga a normas jurídicas internacionales bien establecidas. Washington debe reconocer la importancia de respetar las normas jurídicas internacionales, incluso cuando el infractor sea un aliado de Estados Unidos. No hacerlo no sólo tiene el potencial de prolongar el amargo conflicto del Sáhara Occidental, sino de poner patas arriba el orden global liberal en su totalidad.

http://tlaxcala-int.org/upload/gal_21690.jpg





Courtesy of Tlaxcala
Source: https://foreignpolicy.com/2020/12/09/east-timor-western-sahara-morocco/
Publication date of original article: 09/12/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=31264

 

Tags: Sahara occidental ocupadoOcupación marroquíDescolonización Timor OrientalOcupación indonesianaUSAONU
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.